La larga espera de una familia de Turre para obtener una compensación por el daño causado al acumularse la mayor parte de las zonas verdes de Turre en una parcela de su propiedad, está a punto de finalizar.
El Ayuntamiento de Turre ha solicitado un certificado de cuenta bancaria a los herederos de dicha parcela para transferir la deuda adquirida “por una decisión adoptada para castigar a alguien que no simpatizaba con el entonces equipo gobernante y premiar a sus seguidores”, afirmaba el alcalde, Arturo Grima.
El origen del millonario resarcimiento se remonta 1986, bajo el mandato del socialista Francisco Sánchez la Corporación municipal elaboró unas nuevas Normas Subsidiarias y decidió concentrar casi todas las zonas verdes en una sola finca de 1,5 hectáreas, próxima a la zona del cementerio. Se trataba de una parcela, hasta entonces urbana, propiedad de la familia Rubio.
Aunque la decisión está amparada por la ley, al negar a los propietarios cualquier tipo de aprovechamiento, el entonces equipo de gobierno debió expropiar y pagar un justiprecio, pero eso no llegó a producirse.
Los herederos reclamaron en 2020 la indemnización que les correspondía por derecho. Presentaron una tasación que superaba los 2,5 millones de euros, mientras que Diputación valoró la parcela en 500.00 euro Al no haber acuerdo, la norma contempla la intervención de la Comisión Provincial de Arbitraje y Valoración. La decisión final de este órgano obligó al Ayuntamiento de Turre a pagar 1,2 millones a los herederos de la parcela.
Ante la grave situación económica que tiene el Consistorio de Turre, el actual equipo de Gobierno que lidera Arturo Grima (PP), ha negociado con el Ministerio de Hacienda y conseguido la financiación necesaria a través de los fondos ICO, para afrontar el pago de esta compensación, 40 años después de aquella decisión política.
