El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha informado este miércoles, 30 de abril, que “el Gobierno de España no tiene ni un euro para invertir en desaladoras que tapen la vergüenza del recorte practicado al trasvase y, lo que es lo mismo, a los intereses de más de tres millones de personas en las provincias de Alicante, Almería y Murcia”. De momento, Jiménez desconoce si la falta de fondos afecta a la desaladora Bajo Almanzora II, cuyo proyecto de obras revisa actualmente Acuamed, empresa pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. La misma duda surge entre las agrupaciones de regantes de la comarca. Así lo ha confirmado el presidente de la Junta Central, Fernando Rubio.
UN PROYECTO PAGADO POR LOS AGRICULTORES
La desaladora Bajo Almanzora II es una iniciativa de los regantes de la comarca, que ya disponía de proyecto y había iniciado los trámites administrativos para su construcción. Pero en mayo de 2023, el Gobierno de España asumió la tarea y se responsabilizó de su promoción y financiación, valorando un coste de 160 millones de euros. No obstante, dos años después, y tras varias modificaciones hechas al proyecto, encargadas por Acuamed a los regantes del Levante, que hubieron de desembolsar medio millón más al medio millón que ya llevaban gastado en la redacción del documento, el tema sigue pendiente de que Acuamed le dé el visto bueno; algo que no se espera hasta finales del próximo año, puesto que la empresa pública se ha dado un plazo de 18 meses para hacer una revisión y, en su caso, aprobar la desaladora.
NO INVERTIR NI UN EURO EN DESALACIÓN
En este contexto SCRATS denunciaba el miércoles, 30 de abril, una importante novedad: «El Gobierno ha decidido no invertir ni un euro más en desalación», desconociendo si la medida interesa a proyectos en marcha como la Bajo Almanzora II. No es de extrañar, por tanto, que la incertidumbre planee sobre los regantes de nuestra comarca, al menos hasta que haya una confirmación oficial de que todo sigue según lo previsto. Fernando Rubio, el presidente de la Junta Central -órgano que reúne a todas las comunidades de regantes de nuestra zona-, ha sido consultado por este medio y asegura desconocer las circunstancias en que queda la futura desaladora tras el anuncio del Gobierno.
Por su parte, el presidente de SCRATS, Lucas Jiménez, si conoce algunas de las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura., que «va a priorizar los usos lúdicos y recreativos, a la estabilidad del sector agrícola y ganadero en esta zona del Levante español». No sólo eso, «el coste de cualquier obra para desalar agua o mejorar riegos será tendrá que ser pagada por los regantes y yo, que presido una comunidad, ya les adelanto que no vamos a pagar nada, Preferimos morir con dignidad».
«¡QUE SE OPONGAN LOS DIPUTADOS!»
Jiménez aseguraba que «hay una tremenda indignación en el mundo agrario con Pedro Sánchez, que ha decidido acabar con la agricultura del Levante de España para callar al vocinglero de García-Page [presidente de Castilla-La Mancha], que ya está celebrando las nuevas reglas del trasvase».
«El Gobierno no debería de plantear inversiones, que tendrán que pagar los propios regantes, como tampoco deberían llevar a cabo restricciones sin ofrecer nada a cambio», expresa Jiménez, que ha hecho un llamamiento a los diputados de las tres provincias afectadas, “sobre todo a los del PSOE, a que se opongan al hachazo al trasvase Tajo-Segura”.
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